contra el secuestro no marches hoy

luego de ser secuestrado por el estado colombiano y asesinado.

Guillerma Rivera era trabajador del sector público, militante del PCC, y contaba con una amplia trayectoria en el movimiento sindical. Según diversos testimonios hace cuatro meses fue detenido ilegalmente en Bogotá por funcionarios policiales, desde entonces se desconocía su paradero. El cadáver del dirigente sindical fue enterrado como no identificado en la ciudad de Ibagué hace aproximadamente un mes. Las investigaciones adelantadas por organismos de derechos humanos condujeron a la exhumación del cadáver, y el pasado martes se realizó la exhumación del cuerpo, confirmándose que se trataba de Guillermo Rivera. Jairo Ramírez, directivo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, entrevistado por el equipo de Notisur, afirmó que la desaparición forzada y posterior asesinato de Guillermo Rivera, confirma que a pesar de la propaganda gubernamental, eeste crímen demuestra que en la nación neogranadina, el gobierno y sus fuerzas de seguridad practican la persecución y violencia contra dirigentes sindicales y contra la población en general. Según Ramírez es pardójico que el gobierno colombiano y los medios de comunicación que lo apoyan difundan ampliamente campañas en favor de movilizaciones como la del próximo domingo 20 de julio, en favor de la liberación de retenidos por las FARC, mientras se invisibilizan los crímenes de estado y las masacres contra comunidades campesinas. Por su parte, Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano, responsabilizó al gobierno colombiano por su negligencia a la hora de atender las múltiples denuncias efectuadas desde la desaparición de Guillermo Rivera, y ratificó que las investigaciones preliminares indican que el dirigente sindical fue detenido ilegalmente por fuerzas de la policía colombiano, por tanto ellos deben responder por su desaparicion y asesinato. El Polo Democrático Alternativo también sentó su posición con respecto al asesinato de Rivera: "Los hechos demuestran que contrario a la propaganda oficial continúan sin existir las garantías suficientes por parte del Estado para ejercer los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la organización y la participación sindical y política de los militantes de la oposición en el país". En Colombia existen más de 15.000 casos de desapariciones forzadas que son otra expresión del terrorismo de Estado y la guerra sucia contra el movimiento popular.