Elementos probatorios
contra el ex General Rito Alejo Del Río
El General DEL RÍO no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron
configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y
el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado
registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, entre los cuales
conocemos estas:
1 Ya desde 1982 el oficial DEL RÍO le quitaba horas de sueño al mismo
Ministro de Defensa, que era un General de derecha, que por esos mismos meses
salió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar la
estructura paramilitar denominada MAS (Muerte A Secuestradores). Según lo
relató el General Fernando Landazábal (+) a un Mayor del Ejército hoy retirado, el
General DEL RÍO aprovechó su estadía en Israel entre 1982 y 1983, donde coincidió
con Carlos Castaño Gil1, posteriormente líder nacional de los paramilitares, para
conseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar. Cuando el
General Landazábal, entonces Ministro de Defensa, se enteró del asunto por
fuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su plena confianza y además ex
militar, para investigar si todo ello era cierto. El periodista Ovidio “Peter” Charria
pudo comprobarlo todo sobre el terreno y le informó por teléfono al General
Landazábal que ya estaba preparado un avión (el Hércules 1003 de la Fuerza Aérea
Colombiana) cargado con dichas armas, que debía aterrizar en Bogotá el 18 de
octubre de 1982 y que él mismo pensaba regresarse en ese vuelo. El Ministro de
Defensa preparó un operativo en el aeropuerto militar de Catam para recibirlo con
una inspección minuciosa, pero el 17 llegó la noticia de que el avión había caído al
1 En su autobiografía titulada “Mi Confesión”, el líder paramilitar Carlos Castaño Gil afirma que estuvo en
Israel en 1983, cuando cumplió 18 años (pg. 107); que allí hizo un curso de un año en el cual tenían 3 meses
de trabajo y 1 de descanso y en éste él viajaba a Colombia (pg.108); que ese curso no tenía nombre sino un
número: el 562, en el cual aprendían “fundamentos de armamento atómico y manejo psicológico de
operaciones” y en lo práctico aprendían a “bloquear un carro blindado y utilizar las granadas de
fragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiple y entrenamos
para dar golpes certeros con RPG7, o introducir un proyectil de un obús por una ventana (...) miras
nocturnas y paracaidismo, incluso aprendimos a fabricar explosivos manuales” (pg. 109). Allí mismo afirma
que tuvo la oportunidad de conocer a militares colombianos del Batallón Colombia con los cuales se reunía en
los días de descanso (pg. 110).[ Cfr. CASTAÑO, Carlos, “Mi Confesión”, Editorial Oveja Negra, Bogotá,
2001]. Por su parte, el GERENAL RITO ALEJO DEL RÍO, en su versión libre rendida el 26 de agosto de
1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: “En 1983 llegué al país
procedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí donde me desempeñé como Oficial de Operaciones
en la Fuerza Multinacional de Paz, era Mayor” (pg. 1-2)
2
mar, a 280 kilómetros de Nueva Jersey, por el sobrepeso que traía, pereciendo allí
el mismo periodista Ovidio Charria. Entre los 13 ocupantes, casi todos militares de
la Fuerza Aérea, excepto el periodista y un capitán del Ejército, se salvaron 8 que
fueron rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, quien
declaró su extrañeza de ver que los ocupantes “perdían tiempo” –según él-
“arrojando la carga”, ya que solo tenían gasolina para 10 minutos y podrían
amarizar sin riesgo de incendio.2
2 Las jerarquías castrenses no juzgaron, sin embargo, conveniente, interrumpir
la carrera militar del oficial DEL RÍO. De su paso por la Comandancia del Batallón
“Rafael Reyes”, con sede en Cimitarra (Santander), de 1985 a 1986, ya como
Coronel, queda la denuncia de uno de los activistas paramilitares más
comprometidos que se han arrepentido y develado infinidad de crímenes. Alonso
de Jesús Baquero Agudelo, alias “El Negro Bladimir”, en su indagatoria del 8 de
agosto de 1995 en la penitenciaría de Palmira (Valle), confesó que se reunió
muchas veces con el Coronel DEL RÍO y otros oficiales del Batallón Reyes para
coordinar las actividades paramilitares en la zona.3
3 Otro antecedente inquietante que revela en la conducta del General DEL
RÍO maneras de actuar de esas que obedecen a impulsos muy afianzados pero
contrarios a toda ética, lo denuncia un Cabo Primero retirado del Ejército4, quien
perteneció al Batallón Girardot, con sede en Medellín, del cual el entonces Coronel
DEL RÍO fue Comandante entre 1986-87. A comienzos de 1987 el Coronel DEL RÍO
le dio la orden a dos Cabos de infiltrar una finca en cercanías de la población de
Santa Rosa de Osos (Antioquia) a cuyos moradores se acusaba de “colaborar con la
guerrilla”. A pesar de que los Cabos comprobaron que se trataba de falsas
acusaciones y así se lo informaron al Coronel DEL RÍO, éste les ordenó, dos horas
después de recibir el informe, que con 5 soldados vestidos a la usanza de la
guerrilla se pusieran a órdenes de un informante, y que cuando llegaran al objetivo
debían eliminar a todos los presentes sin dejar testigos. Cuando el Cabo
2 Ver edición del diario El Tiempo, de Bogotá, del 21 de octubre de 1982, pag. 2 y 6 A. El siniestro fue
reseñado en los diarios de Colombia con titulares de primera página casi durante toda la semana siguiente. La
información sobre el cargamento de armas enviado por el oficial DEL RÍO para los paramilitares le fue
confiada por el General Landazábal a un Mayor del Ejército, quien la narró ante organismos de derechos
humanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales.
3 Dicho documento hace parte del expediente penal No. 4239, y es parte de la indagatoria realizada el 8 de
agosto de 1995, folio 2.
3
denunciante descubrió que se trataba de la misma familia que ellos habían
investigado poco antes, impuso su autoridad sobre el informante y le impidió
perpetrar el crimen, pero allí mismo descubrió que el “informante” quería eliminar
a esa familia, vecina suya, para no pagarle una deuda grande que tenía con ella por
compra de ganado. El General DEL RÍO se enfureció con el Cabo a quien sancionó
por no haber obedecido sus órdenes y lo envió a combates altamente riesgosos, lo
que la víctima interpretó como una intención de hacerlo matar. Por esto, el Cabo
tomó la decisión de fugarse. 5
4 La llegada del General DEL RÍO a la Comandancia de la Brigada XVII del
Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), en diciembre de 1995, estuvo seguida a
las inmediatas por un caso de desaparición forzada de personas, crimen que fue
perpetrado en las mismas instalaciones de la Brigada. En efecto, el 16 de diciembre
de 1995, a las 12 del mediodía, en el sitio La Arenera, del corregimiento de
Currulao, municipio de Turbo, fueron retenidos, ante la vista de muchos testigos,
por miembros del Batallón Vélez, los campesinos ALCIDES TORRES ARIAS y
ANGEL DAVID QUINTERO, ambos padres de familia con varios hijos, y llevados
a las instalaciones de la Brigada XVII. En el momento de su retención se dirigían
hacia la casa de la madre de Alcides, en una motocicleta marca Honda, de color
rojo, de placa No. DCU-35. Según declaró ante medios de prensa el General DEL
RÍO, las capturas tuvieron lugar en medio de operativos contrainsurgentes de la
Brigada. Según él, a otros capturados, cuyos nombres no dio, los habrían enviado a
fiscalías de Medellín, y en cambio a éstos los habían “dejado en libertad”6.
Los familiares pudieron visitar a los retenidos en las instalaciones de la Brigada los
días 17 y 18 de diciembre, llevarles ropa, cobijas y comida, pero el día 19 les
pusieron obstáculos para ingresar a visitarlos y los hicieron esperar varias horas en
la Guardia de entrada, supuestamente mientras llegaba el Fiscal, quien debería dar
los permisos de visita. En su larga espera en la entrada, los familiares observaron la
salida de un vehículo de color rojo con personas en su interior que ellos no
pudieron identificar. Dicho vehículo se varó al atravesar la vecina población de
Currulao, donde tuvo que esperar alrededor de un cuarto de hora para continuar
su marcha. Varios pobladores de Currulao, que conocían personalmente a los
5 El Cabo retirado rindió declaración sobre estos hechos en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos
Humanos, en Bogotá, el 31 de mayo de 1999. Ante controversias procesales que se presentaron, debido a que
había diferencias de apellidos entre su documento de indentidad militar y su cédula de ciudadanía, la Fiscalía
pudo comprobar plenamente su identidad en una nueva declaración que rindió en Bogotá el 21 de junio de
2001.
6 Ver diario El Colombiano, domingo 7 de enero de 1996, pag. 7b.
4
desaparecidos, pudieron observarlos en el interior del vehículo. Sin embargo, los
militares le informaron a las familias que ellos ya habían sido “dejados en libertad”.
No se explica cómo no reclamaron la motocicleta (la que permaneció por mucho
tiempo en la Brigada); ni vieron ni saludaron a sus familiares que estaban
esperando en la entrada; ni firmaron la Orden de Libertad que supuestamente el
Fiscal les envió. Nunca se volvió a tener noticia de sus paraderos.
Aunque el caso fue denunciado antes las diversas instancias penales y
disciplinarias, en pocos meses fue archivado. Hoy día la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos se ocupa del mismo.7
En la entrevista al paramilitar Hebert Veloza, publicada en el diario El Espectador
el domingo 3 de agosto de 2008, se refiere a un caso que al parecer coincide con
éste:
· El Espectador (E.E.): Usted, Mancuso y ‘El Alemán’ han mencionado al
general Rito Alejo del Río, ¿por qué cree que la justicia no les para bolas?
· Hebert Veloza (H.V.): Hay muchos ex militares que están incómodos. Yo puedo
asegurar que él se reunió con Carlos Castaño. Desconozco por qué no lo vinculan a
ningún proceso. Sólo le doy un dato: cuando yo era el comandante en Urabá y él era
comandante de la Brigada 17, yo secuestré a dos personas que habían sido detenidas
por el Ejército dentro de la Brigada. Las saqué de un calabozo.
· E.E.: ¿Y cómo se saca a una persona de una brigada?
· H.V.: Con complicidad. Yo me los llevé en un carro de la propia brigada, en un
trooper rojo carpado. Los sacamos de un calabozo. Eran del V frente de las FARC y
habían secuestrado a una señora en Buenaventura. Yo entré a la Brigada, saqué a
las personas, las llevamos a Buenaventura y las desaparecimos.
[El Espectador, agosto 3 de 2008, pg. 2-5]
5. Iniciada la Comandancia del General DEL RÍO en la Brigada XVII de
Urabá, (diciembre de 1995), ya serán algunos de sus mismos subalternos, así como
algunas autoridades civiles e incluso el Capitán que dirigía el organismo de
Inteligencia de la Policía en la zona, quienes descubrirán su conducta como
radicalmente contraria al ordenamiento legal y a los principios más elementales de
la moral pública. Sin embargo, el mar de complicidades en que él se apoya y que se
7 La Fiscalía archivó el caso en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el
expediente 597/2000 sobre este caso.
5
evidencia a través de las mismas denuncias, hace que los denunciantes sean de
alguna manera excepcionales y que tengan que enfrentar altos riesgos y graves
perjuicios al decidirse a denunciar.
El Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, Segundo Comandante de esa
misma Brigada XVII y Jefe de su Estado Mayor, quien ocupó el cargo desde junio
de 1995 hasta junio de 1996, se vio obligado a enviarle un informe al Comandante
General de las Fuerzas Militares el 31 de mayo de 1996, en el cual le expresaba su
conclusión de que el General DEL RÍO no tenía convencimiento alguno de que los
paramilitares fueran un factor peligroso de desorden y violencia y esa misma
convicción la irradiaba en sus subalternos. Desde su llegada se había dejado de
actuar en absoluto contra los paramilitares y el tema había sido eliminado de toda
planeación estratégica y de toda reunión de Comando. Aún más, las propuestas
del Coronel Velásquez para abordar el tema fueron siempre rechazadas y el mismo
Coronel fue relegado progresivamente, para anular toda su asesoría en materias de
inteligencia, de estrategia y de operaciones. En su Informe, el Coronel Velásquez
hizo referencia a un caso concreto en que los paramilitares atravesaron sin
problema por un retén militar y a otro en que no se quiso detener a un grupo
numerosos de paramilitares que fueron identificados, ni tampoco investigar
disciplinariamente la omisión o complicidad de los militares al no detenerlos. En
declaración posterior ante la Fiscalía, el Coronel Velásquez manifestó que
sospechaba que había una filtración permanente de información desde la Brigada
hacia los paramilitares de Carlos Castaño, de modo que éstos supieran a diario
dónde había y dónde no había tropas del Ejército. 8 Sin embargo, el Comandante
del Ejército, General Harold Bedoya, en lugar de investigar al General DEL RÍO,
ordenó investigar más bien al denunciante y lo hizo llamar a calificar servicios el 1
de enero de 1997, excluyéndolo del Ejército.
6. Por su parte, la Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Isabel Cuartas
Montoya, se presentó a la Fiscalía General de la Nación el 24 de abril de 1997 para
denunciar el auge aterrador de la violencia paramilitar en su jurisdicción desde la
llegada del General DEL RÍO9, así como la falta de colaboración del Ejército para
8 El Coronel Velásquez rindió además declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos,
en Bogotá, el 8 de mayo de 1998, donde ratificó todas sus acusaciones.
9 En efecto, el documento “CODIGOS DEL SILENCIO”, elaborado en la unidad local del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Apartadó, como lectura transversal de las actas del COMITÉ DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN VIOLENCIA y de estadísticas anteriores, muestra que a los años
1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677
respectivamente) durante toda la década de los 90. (pag. 3 de dicho documento, cuadro)
6
combatirla, y para describir hechos concretos en los que ella había sido testigo
directo de la colaboración entre militares y paramilitares. Posteriormente, el 6 de
diciembre de 1997 y el 21 de octubre de 1998 la Alcaldesa declaró nuevamente en la
Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y afirmó que la unidad de
acción entre el Ejército y los paramilitares era de público dominio en la región y
que los paramilitares ingresaban a las instalaciones de la Brigada XVII en
motocicletas y otros vehículos sin ningún obstáculo. Expresó además que las
denuncias hechas antes los superiores jerárquicos del General DEL RÍO habían
sido inútiles. También denunció que el modelo de Cooperativas de Seguridad
denominadas CONVIVIR, implantadas por el entonces Gobernador de Antioquia,
ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia) de una manera inconsulta
con los mandatarios locales, había agudizado en extremo la violencia, pues la
selección de sus miembros se dejaba en manos de la Brigada XVII y ni siquiera los
alcaldes podían enterarse de la verdadera identidad, ocupación y comportamiento
social de los integrantes de esos grupos, a los cuales se confiaba la seguridad de la
población, predominando la convicción de que actuaban en estrecha alianza con
los paramilitares. Dejó constancia, además, de que el hecho de que militares y
paramilitares compartieran retenes a muy poca distancia, evidenciaba su unidad
de acción en muchos crímenes.10
7. El 2 de febrero de 1999, el ex soldado profesional Oswaldo de Jesús
Giraldo Yepes, quien había sido integrante de uno de los batallones que
combatieron en Urabá bajo el mando del General DEL RÍO entre 1996 y 199711, hizo
revelaciones escalofriantes ante delegados de la Oficina de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, mientras estaba detenido en
una cárcel de Santa Rosa de Osos (Antioquia), acusado de “porte ilegal de armas”,
10 Estas declaraciones sucesivas de la Alcaldesa fueron asumidas dentro del expediente penal radicado bajo el
No. 366 y posteriormente bajo el No. 426, en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos.
11 Este soldado prestó su servicio militar en Melgar en 1991 y luego se inscribió como soldado profesional.
Luego de un receso de 6 meses en 1993 para reubicarse en la carrera militar, en 1994 fue adscrito al Batallón
de Contraguerrilla No. 11 “Cacique Coyará”, de la XI Brigada con sede en Montería. En diciembre de 1995
todo el Batallón Coyará es enviado a Urabá a integrarse a la Brigada XVII al mando del General DEL RÍO.
En septiembre de 1997 el soldado entra en conflicto con algunos paramilitares y militares por expresar
opiniones contrarias al trabajo conjunto que está haciendo en la zona. Escapa a un intento de asesinato y logra
que lo envíen a otra unidad militar, siendo adscrito entonces a la Brigada Móvil No. 3 que opera en
Cundinamarca; de allí es enviado luego al Batallón Granaderos, que hace parte de la IV Brigada con sede en
Medellín y allí pide la baja definitiva al constatar que en todas las unidades militares que conoce hay prácticas
de Guerra Sucia, trabajando en estrecha alianza el Ejército con los paramilitares.
7
pues ya se había retirado del Ejército. Posteriormente declaró repetidas veces ante
la Fiscalía12 y se ratificó en sus denuncias, las que concretó mucho más.
Su testimonio trasciende las prácticas de la Brigada XVII, pues se refiere también a
la Brigada XI, a la cual estuvo integrado antes (1994-95), a la Brigada Móvil No. 3 y
al Batallón Granaderos de la IV Brigada (últimos meses de 1997). En sus reiterados
testimonios se destapa una verdadera Política de Estado que articula
solapadamente el accionar paramilitar con las operaciones del Ejército en una
estrategia integral. Afirma reiteradamente que fue obligado a trabajar en apoyo y
en unidad de acción con las estructuras paramilitares que operaban en Urabá con
miles de efectivos, y que la directriz permanente del Comandante de la Brigada,
que era el General DEL RÍO, era trabajar con ellos. Afirma que en toda el área,
tanto de la Brigada XI como de la Brigada XVII, así como en lo poco que conoció de
otras Brigadas, se trabajaba en estrecha coordinación con los paramilitares.
Menciona numerosos nombres de líderes paramilitares nacionales, regionales y
locales que se reunía frecuentemente con el General DEL RÍO en la sede de la XVII
Brigada, en Carepa (Ant.).
Una de las prácticas que impresionan fuertemente en el testimonio del ex soldado
Giraldo Yepes es la práctica de las “legalizaciones”, como asumidas y respaldadas
por sus comandantes de compañía, batallón y brigada. En una de sus declaraciones
las describe así: “significa coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un
fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho
tiempo y lo viví”13 En efecto, describe varias masacres concretas en que las víctimas
fueron “legalizadas”. Cuando investigadores de la Fiscalía trataron de confrontar
esos datos con otras fuentes, encontraron correspondencias fundamentales, aún
teniendo en cuenta que los informes oficiales se hacen de modo que se acomoden a
pautas legales de acción, y que los informes de los medios se apoyan en los
oficiales.14 También describe el ex soldado en su testimonio los retenes que el
Capitán Jaime Remolina Fontalvo hacía en cercanías del poblado de Pavarandó, en
12 El 10 de marzo de 1999 declaró ante un Fiscal Regional Comisionado en Manizales (Radicado 24.458). El
26 de mayo de 1999 declaró en Medellín ante un Fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de
Derechos Humanos, dentro del proceso que se seguía allí contra el General DEL RÍO. Habiendo sido tomadas
como creíbles sus denuncias, la Fiscalía ordenó su captura e inició un proceso penal contra él por pertenencia
a grupos paramilitares (al obedecer las órdenes del General DEL RÍO) y rindió indagatoria en Yarumal
(Antioquia) el 11 de febrero de 2002.
13 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 3
14 En las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de julio de 2000 por el Mayor
del Ejército Guillermo Antonio Chinome Soto, Comandante del Batallón Coyará al cual estaba adscrito el
soldado Giraldo Yepes, es posible encontrar las referencias fundamentales de al menos las tres principales
masacres relatadas por el ex soldado Giraldo. Evidentemente el Mayor acomoda su relato a pautas legales,
eliminando toda participación de los paramilitares y presentándolas como combates contrainsurgentes
desarrollados dentro de marcos legales.
8
compañía de 5 soldados y 8 ó 10 paramilitares, en los cuales hacían bajar a muchos
campesinos de los camperos Uaz y las “chivas” de transporte público que recorrían
esa vía; los llevaban forzados a un campo abierto y allí los fusilaban, los
desmembraban y los arrojaban al río. Afirma que en un lapso de 15 días le tocó
presenciar entre 50 y 60 casos similares.15
Pero al mismo tiempo el caso del ex soldado Giraldo Yepes revela la profundidad
de las estructuras de impunidad que imperan hoy en Colombia. Mientras la
Fiscalía y la Procuraduría, en algunas de sus instancias, afirman haber comprobado
la veracidad de su testimonio, hasta llegar a rechazar una “retractación” que bajo
presiones y amenazas hizo el 25 de julio de 2002, sin embargo solo utilizaron esa
verdad contra él mismo para enjuiciarlo por “concierto para delinquir” (al obedecer
las órdenes de todos sus comandantes), pero no han utilizado esa verdad para
llamar a juicio a todos los que tenían responsabilidad de mando o participaron
mucho más que él en los crímenes. Si el valeroso denunciante es el único
enjuiciado, y la “verdad comprobada” solo vale contra él pero no contra los
denunciados, ¿quién puede dudar de que lo que se quiere es castigar la denuncia?
Esto sin tener en cuenta los varios atentados de que ha escapado el testigo y las
numerosas amenazas recibidas en la prisión sin que sus clamores por una
protección oficial hayan sido escuchados.
Por eso en su inválida retractación el ex soldado afirma: “Yo no deseo rendir esta
declaración, y me retracto de todo lo que he denunciado porque la Justicia Colombiana no ha
actuado como se debe, en contra de los corruptos; solo me tiene a mí pagando cárcel nada
más, debido a mi colaboración con la Justicia, que siempre he tenido el deseo y las ganas de
denunciar lo mal hecho y las atrocidades que se ven en Colombia por parte del Ejército,
Policía, SIJIN y empleados públicos”16 Con razón la Procuraduría, al evaluar dicha
“retractación” la considera inaceptable, arguyendo: “está motivada por aspectos
afectivos y no por un acto de espontaneidad, pues resulta inaceptable que luego que
suministra datos que han sido verificados por las autoridades, llegue nuevamente al
plenario indicando que se retracta de lo anotado porque no quiere saber nada de esto, siendo
esta postura explicable cuando señala que se encuentra vinculado a la presente
investigación, y como lo arguyó, lo que hizo fue denunciar hechos cometidos por los
miembros del estamento militar al cual perteneció; por lo anterior, no se le da validez a lo
15 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 5.
16 Declaración rendida en la Cárcel de Bellavista, de Medellín (se nota claramente que bajo fuertes presiones),
el 28 de julio de 2002, ante funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso
disciplinario 155-73307-2002.
9
sostenido en su retractación, más aún cuando se ha demostrado que muchos de los
diferentes hechos narrados y aceptados por él, (y que [sic]) realmente ocurrieron”17
8. El Capitán, hoy retirado, de la Policía Nacional, Gilberto Cárdenas
González, quien fue Jefe de la SIJIN de Urabá (Sección de Investigaciones
Judiciales e Inteligencia, de la Policía) de 1996 a 1998, luego de indagar durante 4
años, por todos los medios legales, por qué fue destituido en septiembre de 1998,
sin lograr obtener respuesta alguna, y habiendo escapado a 3 atentados contra su
vida, buscó protección fuera del país y decidió denunciar, en noviembre de 2002,
ante los organismos de control del Estado y ante órganos de las Naciones Unidas,
lo que experimentó en carne propia en Urabá, cuando el General DEL RÍO
comandaba la Brigada XVII y dirigía la Guerra Sucia en la región.18
Afirma que todos sus esfuerzos por reprimir el accionar paramilitar en Urabá,
detectando y capturando a sus líderes y activistas, se estrellaron siempre contra el
poder del General DEL RÍO, quien impulsaba y protegía a los paramilitares, y
contra todo el engranaje de complicidades y colaboraciones que el General
estructuró en la zona, en el cual se involucraban las mismas jerarquías regionales
de la Policía, así como fiscales, jueces, procuradores, personeros y alcaldes de la
zona, sin descontar a empresarios nacionales y extranjeros que se asentaban allí.
En la primera página de su denuncia afirma: “Los paramilitares los creó el propio
Gobierno colombiano para que hicieran el trabajo sucio, es decir, para que mataran a todas
las personas que según el Ejército y la Policía son guerrilleras. Pero para hacer eso, tenían
que crear un grupo al margen de la ley para que nadie sospechara del Gobierno de Colombia
y de sus Fuerzas Militares. Es así como los paramilitares son entrenados por el mismo
Ejército y la Policía de Colombia y son auxiliados y ayudados por éstos. Hasta miembros del
Ejército y la Policía patrullan hombro a hombro con los paramilitares (...) Los
paramilitares también favorecen los intereses de las multinacionales con intereses en
Colombia, ya que se encargan de limpiarles el terreno de personas contrarias a sus intereses,
17 Concepto precalificatorio emitido por la representación del Ministerio Público en el proceso Radicado 426,
el 24 de septiembre de 2002.
18 El 6 de noviembre de 2002 el Capitán [R] de la Policía Gilberto Cárdenas González, rindió declaración en
la Procuraduría General de la Nación e hizo entrega de un documento de 54 páginas dirigido al Fiscal General
de la Nación, acompañado de 97 anexos probatorios, documento que hizo llegar también a la Defensoría del
Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Bogotá, y
a la Embajada de los Estados Unidos de América.
10
como sindicalistas o líderes populares, a los cuales desaparecen o asesinan aduciendo que
son guerrilleros”19
Según el ex Capitán Cárdenas, el 12 de abril de 1997, en un operativo que hizo a
cubierta junto con otros dos investigadores de la SIJIN que más tarde fueron
asesinados20, pudo observar de cerca la reunión que sostuvo el General RITO
ALEJO DEL RÍO con 11 líderes paramilitares de la región, todos con órdenes de
captura registradas minuciosamente en su denuncia, y 3 representantes legales de
la cooperativas CONVIVIR más fuertes de la zona. En dicha reunión, que tuvo
lugar entre las 18 y las 21 horas, en una finca del corregimiento El Totumo, entre
Turbo y Necoclí, también los acompañó el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo,
jefe del B-2 (Sección de Inteligencia) de la Brigada XVII21. Esto revela con nitidez la
unidad de acción entre la Brigada XVII, los paramilitares y las CONVIVIR.22
El CORONEL ANATOLIO CORREA FIGUEROA, Comandante de la Policía de
Urabá en 1997 y por lo tanto jefe directo del entonces Capitán Cárdenas, se opuso a
que los contactos y apoyos del General DEL RÍO respecto a los paramilitares
fueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias. Pero tanto dicho
Coronel Correa, como quien lo precedió en el cargo el año anterior (1996), el
CORONEL LIBARDO MOLINA CELIS, se plegaron completamente a las
exigencias del General DEL RÍO, de no perseguir a los paramilitares. En efecto, el
testimonio del Capitán Cárdenas menciona con detalles 4 casos de capturas
importantes de paramilitares que él realizó o en las que tuvo que intervenir por
oficio, en las cuales sus superiores lo obligaron, siguiendo órdenes del General
DEL RÍO, a dejar el caso en manos del Coronel Plazas, del B-2 de la Brigada, quien
le daba libertad inmediata a los capturados. Un libreto similar se repetía con
ocasión de las capturas: una vez capturados los paramilitares, se presentaban en el
Comando de la Policía de Urabá el Coronel Plazas y algunos de los representantes
legales de las CONVIVIR y se llevaban al detenido “por orden del General DEL RÍO”,
dejándolo en libertad el mismo día.23
19 Documento citado, pag. 1 y 3
20 Los investigadores de la SIJIN, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, fueron asesinados en
agosto de 2001, en Medellín, de acuerdo con el testimonio, pg. 7
21 Este Coronel fue trasladado a la Brigada XIII, con sede en Bogotá, cuando el General DEL RÍO fue
Comandante de la misma, en 1998, donde continuó siendo el Jefe de la Sección de Inteligencia (B-2), y en
abril de ese mismo año participó en el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari,
siendo condenado a 40 años de prisión en noviembre de 2002, dado que uno de sus colaboradores denunció
todos los pormenores del crimen.
22 Ver páginas 4 a 7 del testimonio citado.
23 Ver denuncia citada, pg. 7 a 9
11
Son abundantes también las denuncias del testigo sobre el CORONEL SANTIAGO
PARRA RUBIANO, Comandante de la Policía–Urabá en 1998, quien se opuso a
investigar a otros altos oficiales de la Policía de su jurisdicción que colaboraban de
manera pública con los paramilitares24o se negaban a tomar medidas contra ellos.
El testigo afirma que este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de los
paramilitares para que les guardara sus espaldas y que cuando él capturó a los dos
asesinos de la Concejal de Apartadó, Gloria Elena Cardona (+ 21.01.98) el Coronel
le rogó que los dejara en libertad porque esas capturas no le iban a agradar, ni al
jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, ni al General Martín Orlando Carreño,
nuevo Comandante de la Brigada XVII (1998). En esa ocasión le suplicó: “entienda
cómo se trabaja acá en Urabá; no se meta con los paramilitares; déjelos hacer su trabajo;
ellos solo matan a los h.p. guerrilleros; o es que quiere usted que se llene esto de guerrilleros
y después nos maten? (...) deje las cosas así; no se meta en problemas; lo que está buscando
es que lo maten o lo echen de la Policía”.25 De todos modos, los asesinos de la Concejal
fueron puestos después en libertad por la Fiscalía.
A través de sus 54 páginas, el testimonio del ex Capitán Cárdenas menciona a
numerosos miembros del Ejército y de la Policía involucrados en el apoyo y
protección a los paramilitares, no solo en Urabá, sino también en Puerto Boyacá,
donde él trabajó como Sub-teniente de la SIJIN en 1992. Pero uno de sus
escalofriantes capítulos, a cuál más grave, acusa a los mismos órganos de control
del Estado, como la Fiscalía y la Procuraduría, de ser colaboradores del
paramilitarismo en la región. Allí denuncia al Fiscal Regional de Apartadó, Darío
Eduardo Leal Rivera, cuyo despacho avocaba necesariamente todos los procesos
relacionados con paramilitares en la zona, quien archivaba al menos el 80% de los
expedientes. Familiares y testigos de las víctimas, que eran llamados a rendir
declaraciones, con frecuencia aparecían luego asesinados. La esposa de dicho
Fiscal, Astrid de Leal, era la jefe del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de
Urabá y uno de sus investigadores, Ivo Jaime Díaz Salazar, fue reconocido por un
testigo que pretendió colocar allí una denuncia, como alguien que patrullaba
conjuntamente con los paramilitares que incursionaron en su finca. Las denuncias
puestas por el mismo ex Capitán contra dicho Fiscal ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Medellín, fueron todas archivadas.26
24 El Teniente Carlos Alberto Camargo Zamora, Jefe de la Policía de San Juan de Urabá, prestó escolta al
líder paramilitar con orden de captura Pascual Rovira Peña Solera, quien asistió a la posesión del alcalde de
San Juan en enero de 1998 y fue filmado en video. El Teniente Carlos Alberto Osorio Cardona, Jefe de la
Policía de Dabeiba, apareció en un noticiero de Teleantioquia patrullando el pueblo junto con los paramiliares
(a finales de 1997).
25 Ver páginas 17 a 20 de la denuncia
26 Ver páginas 36 a 40 de la denuncia.
12
9. El 28 de julio de 1999 se presentó a la Fiscalía General de la Nación otro ex
soldado que quería también denunciar procedimientos delictivos de la Brigada
XVII. Había ingresado al Ejército en noviembre de 1997 y fue asignado al Batallón
Voltígeros, que tenía su sede en Carepa (Antioquia), en las mismas instalaciones de
la Brigada XVII. Dados sus conocimientos en informática, lo dedicaron a labores de
oficina, en el área de Operaciones (S-3).
Entre sus denuncias, el ex soldado afirmó que detrás de la Brigada existía una base
paramilitar que luego fue convertida en la sede de una CONVIVIR, y que dichos
paramilitares, que aparecían como integrantes de la CONVIVIR, entrenaban en el
polígono de la Brigada por concesión del General DEL RÍO. El entonces soldado
vivió muy impresionado, según lo afirma en su testimonio, por el altísimo nivel de
violencia y brutalidad al que se sometía a las gentes de las comunidades pobres de
la zona, mientras las unidades militares, en lugar de defender a la gente, le cubrían
las espaldas a los paramilitares que eran los que realizaban las acciones más
atroces y tenían la Brigada como su propia casa. En su trabajo de digitador, incluso
conoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba un
batallón anexado temporalmente a esa Brigada, en el cual confrontaba al General
DEL RÍO por no proteger a la gente que era víctima de semejantes atrocidades; sin
embargo, el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviado
luego a un lugar selvático. Cuando el soldado posteriormente quiso saber algo del
incidente, el único comentario del Teniente fue: “el que manda, manda”.
El ex soldado describe con precisión, respaldada con fotografías, la presencia
paramilitar en los diversos asentamientos que se ubican en la vía que va desde
Turbo a San Pedro de Urabá, zona conocida por él minuciosamente a causa de sus
raíces. Muestra cómo las bases paramilitares están situadas a muy poca distancia
de las bases militares para apoyarse mutuamente. Todo corona en la inmensa base
paramilitar asentada en el corregimiento de Santa Catalina, a pocos minutos del
centro urbano de San Pedro de Urabá y a no más de 20 minutos de la sede del
Batallón Francisco de Paula Vélez. El testigo afirma que allí hay más de 350
paramilitares con sus familias, protegidos por tres anillos de seguridad o “Puestos
de Avanzada de Combate” –PAC-, separados por distancias de 1 kilómetro. A
pesar de que el testigo entregó los números de muchas placas de vehículos
utilizados por ellos, fotografías y descripciones minuciosas de la base más
frecuentada por Carlos Castaño, cuatro años después ningún organismo de control
del Estado se había interesado por investigar y abrir juicios al respecto.
13
El entonces soldado fue testigo de cómo, bajo la comandancia del General DEL
RÍO, en 1997, se dio orden a unidades militares de retirarse de San José de
Apartadó hacia una vereda lejana, con el fin de que los paramilitares entraran a
asesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, se les dio la orden de
regresar. También presenció personalmente una “acción cívico militar” en Bajirá, en
1998, y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados entre militar y
paramilitar. Ubicó, además, con croquis y fotografías, varias fosas donde fueron
sepultadas muchas víctimas. Cuando cavaron algunas de esas fosas, en dos fincas
situadas entre Apartadó y Turbo, les pagaban a los niños del lugar 3.000 pesos por
cada hueco. Los pobladores pudieron observar que allí no sepultaron cadáveres
completos, pues todas las víctimas estaban descuartizadas.27
10. Pero si ha habido miembros del Ejército y de la Policía que han decidido
develar los horrores de que fueron testigos por dentro, en el accionar conjunto de
militares y paramilitares, también ha habido integrantes de los grupos
paramilitares que han denunciado lo que vivieron desde sus posiciones. Así, el 13
de febrero de 1998, se entregó ante delegados del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), el paramilitar
Francisco Enrique Villalba Hernández, quien había ingresado desde 1994 a la
estructura paramilitar de Carlos Castaño. La Fiscalía lo interrogó en 9 ocasiones,
entre febrero de 1998 y febrero de 1999.28
Su testimonio confirma, de manera muy concreta, la coordinación entre militares y
paramilitares. Al describir varias masacres en concreto, relata cómo algunos de sus
jefes visitaban de antemano a los comandantes de los batallones militares de la
zona y de los distritos de la Policía para que retiraran los patrullajes que estaban
operando en la zona seleccionada, o para que de ningún modo bloquearan las
operaciones paramilitares. En ocasiones, como en la Masacre del Aro (Ituango,
Antioquia, 25 de octubre /97) algunos suboficiales y oficiales del Ejército
participaron en directo en la masacre, al lado de los paramilitares, y un helicóptero
del Batallón Girardot les prestó apoyo en abastecimiento de munición y medicinas.
Afirma también que el Ejército los dotaba de carnets de las CONVIVIR, que era
una especie de contraseña para poder pasar con armas, sin obstáculos, por los
retenes militares.
27 El soldado rindió su testimonio el 28 de julio de 1999 ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías de
Derechos Humanos, dentro del expediente UDH-426, en una extensión de 17 folios.
28 Indagatorias que tuvieron lugar: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 17 de
septiembre, el 16 de octubre y el 21 de octubre de 1998, y el 4 de febrero de 1999, dentro del Radicado No.
333 que cursaba en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos.
14
El relato sobre el entrenamiento que recibió, en 1994, en la hacienda “Las Tangas”
(Valencia, Córdoba) de propiedad de la familia de Carlos Castaño, no puede ser
más escalofriante: la “prueba de coraje” consistía en desmembrar a una persona.
Según él, cada 15 días llevaban a la hacienda 8 personas para descuartizar.
Tenían, además, un trato hecho con el Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII. Ellos
(los paramilitares) capturaban a supuestos “guerrilleros” y se los entregaban al
Ejército en un sitio acordado, ordinariamente una tienda del camino, y los militares
les pagaban con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997
entregaron a 8 presuntos “guerrilleros” y les pagaron por ellos una ametralladora
M-60, 6 fusiles AK-47 y varias granadas. En los contactos de comandante a
comandante circulaban listas de personas para matar.
11. También el 19 de abril de 2000 se entregó ante delegados del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, en Medellín, el paramilitar Carlos
Alberto Bonilla Gutiérrez. Entre los operativos que relata, en los cuales participó
personalmente, están los de la toma de Riosucio (20 de diciembre de 1996) y de
Vigía del Fuerte y Bellavista (22 de mayo de 1997) que hacen parte de los hechos
denunciados en este escrito. Según su testimonio, la toma de Riosucio fue
coordinada con el Coronel Coronado, del Ejército. Habían acordado que primero
entraran los paramilitares para hacer su oficio (matar y desaparecer) y luego se
internarían en el monte cuando el Ejército comenzara a llegar, como en realidad se
hizo, según él. Cuando en un enfrentamiento con un destacamento guerrillero en
esa zona fueron muertos 57 guerrilleros, el Coronel Coronado solamente reportó 15
ó 20 muertos, para poder entregar las demás armas incautadas a los paramilitares.
En la toma de Vigía del Fuerte, la Policía del lugar no los reconoció en un primer
momento y los recibió con fuego, pues los confundió con guerrilleros, pero luego
les pidió disculpas y los acogió con entusiasmo. Allí en Vigía, el testigo conoció
más en directo al paramilitar apodado “Mochacabezas”, el cual llevaba una
motosierra para decapitar a sus víctimas y luego arrojarlas al río. En ocasiones
obligaba a los capturados a sacar una ficha de una bolsita que portaba, para que
probaran suerte en el tipo de muerte que sufrirían, según las tres opciones que
ofrecían las fichas: descuartizamiento, fusilamiento o degollación. Una vez sacada
la ficha, la víctima era ejecutada con el método allí marcado. El testigo fue
15
asesinado posteriormente en la misma ciudad de Medellín, donde se había
entregado.29
12. No solo algunos militares y paramilitares decidieron develar ante la
justicia atrocidades que presenciaron y que cargaron por diversos tiempos como
peso insoportable de conciencia. También algunos civiles lo hicieron. Un
acomodado ganadero que visitó en 1995 varios corregimientos del municipio de
Unguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, decidió
denunciar, bajo la condición de que se guardara reserva de su identidad. En sus
correrías por la zona se había encontrado repetidas veces con integrantes de un
frente guerrillero de las FARC cuyo comandante era llamado “Víctor” y su
segundo comandante “Vicente”. Avanzado el año 95, se enteró de que “Vicente”
había desertado de la guerrilla y vivía en un batallón militar de la zona, donde dos
comerciantes de Balboa, conocidos cercanos del testigo, quienes fueron retenidos
por el Ejército, pudieron verlo directamente, uniformado de militar.
El testigo afirma que con posterioridad al 15 de octubre de 1995 la zona comenzó a
ser invadida por paramilitares comandados por “Vicente”, quienes se movilizaban
al lado del Ejército regular. Él mismo pudo observar en directo, mientras esperaba
una embarcación en la playa del caserío de Titumate, cómo el 16 de octubre de
1995, en la barcaza “Amerindia”, propiedad del acaudalado terrateniente y
narcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento de
paramilitares comandado por “Vicente”, a quien él reconoció en directo,
acompañados, en la misma barcaza, por un contingente de militares.
El declarante relaciona este hecho con el comienzo de un período de represión
brutal que se vivió en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía y
Ríosucio, que llevó a éxodos masivos. Menciona el asesinato brutal de un
comerciante de Balboa a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidades
que él no se atreve a describir, y la muerte igualmente brutal de un pobre hombre
que sacaba arena del río, hechos todos perpetrados por el grupo de “Vicente”, que
andaba siempre acompañado por unidades militares.
Quizás, por las referencias que da de otros hechos, el declarante puede estar
equivocado en el número del año (podría ser 1996 en lugar de 1995), pero de todos
modos ubica el accionar paramilitar de “Vicente” y de su estructura paramilitar a
29 El testigo rindió indagatoria el 20 de abril de 2000, en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia,
de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de Medellín.
16
partir de los dos últimos meses de 1995. Si se tiene en cuenta que el General DEL
RÍO llegó a Urabá en diciembre de 1995, como Comandante de la Brigada XVII que
comprende toda esa zona, se entiende que el testigo acuse directamente a este
General por no haber entregado a “Vicente” a las autoridades competentes de la
Justicia “en acatamiento a las leyes de la Constitución que el Señor General debió haber
jurado defender”, sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la Brigada,
respaldando su accionar criminal que se integraba de manera perversa con el
accionar del ejército regular, como él mismo testigo lo analiza: “era muy fácil tener
como retaguardia al ejército legítimamente constituido, pero en ciernes en actos
delincuenciales, por estar protegiendo una vanguardia criminal dirigida por un ex
guerrillero que iba sobre seguro a sitios donde presumiblemente el ejército nunca hubiera
penetrado y a actos que desde luego no ejecutaba el ejército pero lo permitía de otros, tal
como se estableció como conciencia colectiva”.30
13 Otro civil, pequeño empresario, que trabajó con dragas en algunas zonas
mineras del Nordeste de Antioquia, fue interrogado el 2 de mayo de 2000 en la
Cárcel de Bellavista, de Medellín, por fiscales delegados de la Unidad Nacional de
Fiscalías de Derechos Humanos. Según su testimonio, en 1995, cuando logró
ubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre los
corregimientos de Cristales y San José del Nus, del municipio de San Roque
(Antioquia), pronto fue convocado por el jefe paramilitar de la zona que tenía su
sede en Cristales pero que departía constantemente con la Policía de San José del
Nus. Dicho líder paramilitar, de nombre John Jairo, alias “Filo”, lo encañonó
durante un buen rato para matarlo porque pagaba cuotas exigidas por la guerrilla
y terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos.
Meses más tarde, cuando el testigo se vio en crisis económica por la baja
rentabilidad de su trabajo minero, “Filo” lo recomendó para que le permitieran
trabajar en los dominios de la hacienda “Guacharacas”, propiedad del entonces
Gobernador de Antioquia, ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia),
administrada por el Señor LUIS VILLEGAS URIBE,31 primo del Dr. Uribe Vélez.
30 El testigo declaró, con reserva de identidad, bajo el código 001, ante la Unidad Delegada ante los Jueces
Regionales, de Medellín, el 14 de agosto de 1998. Nuevamente declaró, para ampliar algunas denuncias, ante
el Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Medellín, el 24 de agosto del
mismo año. La cita textual se toma del quinto folio de su primera declaración.
31 Según un Informe de Inteligencia del B-2 de la XIV Brigada, fechado el 24 de septiembre de 2003 (numeral
4.4.) el Señor LUIS VILLEGAS era quien le suministraba apoyos en dinero e información (al Bloque Central
Bolívar, de las AUC) sobre el Bloque Metro, porque él fue de ellos. Allí mismo se afirma que en la semana
anterior al 24 de septiembre de 2003 hubo una reunión en la finca de Don LUIS VILLEGAS, entre alias
“Comando 90” y alias “Calimán” con un Capitán del Ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para
17
Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda “Guacharacas”. En
todo el relato testimonial queda claro que la zona aludida estaba dominada por
estructuras paramilitares apoyadas por todas las autoridades y los hacendados de
la región. Don Luis Villegas Uribe, el administrador de la hacienda, le recomendó
al testigo pagar fielmente la cuota mensual a los paramilitares y él mismo se
ofreció de intermediario de los pagos.
Luego llegó otro jefe paramilitar, alias “Beto”, quien se instaló con 40 paramilitares
más en la hacienda “Guacharacas” del hoy Presidente de la República Alvaro Uribe
Vélez. El testigo pudo constatar, entonces, que de allí salían en las noches a matar
gente, y que con ellos se movilizaba un militar que iba siempre acompañado por
un Señor de nombre Fernando, oriundo del municipio de Cisneros, alias “El Cojo”.
En una ocasión, le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir a
matar a un comerciante del corregimiento El Rubí, del municipio de Yolombó, a
quien acusaban de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta,
al comerciante lo asesinaron un sábado muy cerca de la media noche.
El testigo afirma que “Filo” gritaba en las reuniones públicas que él había matado
en tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas las
autoridades “y no nos hacen nada porque somos los mismos”. Cuando el testigo le
preguntó a “Beto” quién le enviaba las armas, él respondió que el General RITO
ALEJO DEL RÍO, “que es un duro del ejército”.
En su testimonio, este sufrido empresario afirma, además, que durante su
permanencia en la hacienda “Guacharacas” apareció un día allí Ramiro Cevallos,
persona a la que acusaban de haber participado en un ataque a la hacienda, pero él
pedía que lo escucharan y que le permitieran trabajar, pues estaba en la miseria.
Cuando el testigo intercedió para que lo escucharan, el líder paramilitar “Beto” le
respondió que había que “llevárselo al Patrón”, Alvaro Uribe Vélez, para que él
decidiera. Dos días después, un lunes, los paramilitares fueron a buscar a Ramiro y
que los dejara trabajar en la zona, manifestando el Capitán que no había problema pues él era el encargado de
la zona. Allí el Bloque Central Bolívar, en coordinación con el Capitán, recuperó 6 vehículos tipo campero y
montero del Bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque.
Añade que el domingo 21 de septiembre, cuando estuvieron en El Vesubio, San Roque, el mismo Capitán
informó a alias “Comando 90” que iban para allá y que se fueran, que él les avisaba cuándo sacaban la tropa.
Un registro de prensa divulgado vía internet el 23 de noviembre de 2004, denunciaba el asesinado de “el
ganadero LUIS VILLEGAS URIBE, primo del Presidente Álvaro Uribe Vélez”, quien habría sido atacado por
dos pistoleros en un comercio de su propiedad en el municipio de San Roque. La fuente era el Párroco de San
Roque, Padre Edgar Rivera.
18
a su hermano, para “llevarlo ante el Patrón”, sin que se hubiera vuelto a tener noticia
de sus paraderos.32
14. La impunidad en que todos estos crímenes se mantienen, encuentra un
blindaje en las mismas medidas de seguridad con que se protegen los victimarios,
amparadas por leyes y decretos y que sirven para obstaculizar cualquier
investigación sobre sus conductas. En efecto, el 18 de octubre de 2000, una
investigadora judicial, en cumplimiento de un despacho comisorio emanado de la
Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, practicó una inspección
judicial en la Dirección de Inteligencia del Ejército, con el fin de establecer los
números de teléfonos celulares asignados al comandante y al subcomandante de la
Brigada XVII en esos años. La respuesta dada por la Sra. Nelly Corzo Ribero,
Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia, es muy significativa: manifestó
que tal información “no se encuentra disponible por cuanto los números de los celulares
se mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta del
todo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados (...) más, habida cuenta del
tiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad, han sido archivadas y
en oportunidades incineradas”.33
A nadie se le oculta que con tal blindaje de los instrumentos que ayudarían más a
la investigación de un crimen o de una cadena de crímenes, se crea un espacio de
“manos libres” que facilita enormemente la perpetración de los crímenes al
garantizar su impunidad.
Mejor suerte corrieron, sin embargo, quienes investigaban el secuestro y asesinato
del joven empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas en 1998,
cuando el entonces General DEL RÍO era Comandante de la Brigada XIII en
Bogotá. En efecto, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspección
en la empresa MELTEC, S. A., de telefonía celular, comprobaron que tres números
involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a
celulares asignados el Señor RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, representante legal de
la Brigada XIII.
32 El testigo rindió su declaración en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, el 2 de mayo de 2000, ante fiscales
delegados de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos.
33 Cfr. Informe No. 106300, del 9 de noviembre de 2000, procedente de FGN.CTI.GDH.-C15, dirigido al Jefe
Sección Investigaciones de la Dirección Nacional del CTI, en cumplimiento de Despachos Comisorios # 641
del 11 de mayo y 1052 del 3 de octubre de 2000, dentro del Radicado No. 426 UNDH- M. T. No. 4747, fol.
3°.
19
15. Otro campo en que la seguridad de los militares se puede confundir con el
blindaje de los crímenes, es el de las comunicaciones radiales. La ejecución de
muchos crímenes, como lo denunciaron los mismos soldados, fue coordinada por
esos medios. Y en efecto, cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamiento
de los sistemas de seguridad en las comunicaciones radiales, el Mayor Emiro José
Barrios Jiménez, en su declaración rendida ante la Procuraduría General de la
Nación el 22 de junio de 2000, afirmó: “La Brigada XVII contaba con radios de
comunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz (...) Para escuchar lo que se
dice por el radio las unidades deben poseer el mismo tipo de radio, la misma frecuencia y las
mismas claves electromagnéticas internas. Complementariamente a la seguridad que se
obtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con un
documento llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento de
carácter secreto donde se reemplazan las letras y palabras comunes y corrientes por códigos,
por números que permitan garantizar el secreto y la seguridad en las comunicaciones,
desorientando al enemigo sobre la realidad de las acciones militares”34
Cualquiera puede apreciar que estos mecanismos, diseñados para una seguridad
informativa frente a un enemigo bélico, se pueden utilizar al mismo tiempo, como
de hecho ocurrió, para encriptar los procesos de ejecución de los crímenes y
blindarlos frente a cualquier investigación judicial de modo que su impunidad
quede garantizada.
16. La vinculación del General DEL RÍO a acciones criminales paramilitares
no cesó, sin embargo, con su desvinculación del Ejército, decidida por el Presidente
Pastrana el 10 de abril de 1999. Un ex Suboficial del Ejército, que en otra ocasión
había denunciado ante la justicia comportamientos criminales del General DEL
RÍO, los cuales habían motivado que el testigo abandonara el Ejército, ya como un
trabajador del agro se volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas,
doce años después. En efecto, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, un ex
34 El Mayor Barrios Jiménez, quien se desempeñaba en 2000 como Jefe Administrativo y Logístico de la
Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, había estado en el Batallón Vélez, de la Brigada XVII, en Urabá, entre
1995 y 1997, algún tiempo como su segundo comandante. Declaró en la Procuraduría General de la Nación,
los días 21 y 22 de junio de 2000, dentro del radicado de Indagación Preliminar No. 009-22576-99. El texto se
toma de la segunda sesión de declaración (junio 22), primer folio.
20
Suboficial del Ejército y ahora agricultor, rindió declaración juramentada ante la
Unidad Especializada de Fiscalías de Medellín.35
Según su testimonio, en la semana del 10 al 16 de septiembre de 2000, a la
“Hacienda La Veinticuatro”, de la vereda de Puerto Tulape- La Laja, del municipio
de Necoclí (Ant.), llegó el ex General DEL RÍO a reunirse con Carlos Castaño Gil,
líder nacional de los paramilitares, y con otros líderes de la misma agrupación
criminal, como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos Carlos
Arturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros líderes
paramilitares del Magdalena Medio y del Cesar. Cuatro días después, un grupo
paramilitar de cerca de 60 hombres armados, comandados por alias “Cobra” y
alias “Salado”, salían de esa misma hacienda hacia una finca de Tierralta
(Córdoba) donde masacraron a un elevado número de campesinos a quienes un
“informante” habría señalado como “simpatizantes de la guerrilla”36. Tres de las
víctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los paramilitares en
su regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas y luego sepultadas en una
montaña de la finca, donde, según dice, están sepultadas muchas otras víctimas.
Como el testigo se negó a conducir un vehículo para realizar la masacre y además
se resistió a ingresar en las filas de los paramilitares, un trabajador le informó esa
semana que ya se había decidido su asesinato y le ayudó a escapar.
A pesar de que el testigo describió con detalles el funcionamiento de la estructura
paramilitar en toda el área comprendida entre los municipios de Necoclí y San
Pedro de Urabá, entregando información abundante sobre la ubicación de las
bases, sobre las personas que comandan y apoyan, sobre los vehículos utilizados,
etc., sin embargo los órganos judiciales del Estado nada han hecho hasta ahora
para someter a investigación y juicio tan enorme estructura criminal. Según el
testigo, toda la población rural de la zona es forzada por los paramilitares a
cultivar hoja de coca y a reconocerlos a ellos como autoridad suprema, y tienen
como bases principales las haciendas “La Veinticuatro” y “La Cincuenta y Dos” en
Necoclí, y “La Treinta y Cinco” como base central en San Pedro de Urabá, todas
35 El ex Suboficial del Ejército declaró en la Unidad Especializada de Fiscalías, de Medellín, los días 27 y 28
de septiembre de 2000, en tres sesiones, dentro del proceso radicado bajo el No. 383705.
36 La Prensa de esas fechas reportó una masacre realizada por paramilitares el día 20 de septiembre de 2000,
en la finca El Guineo, de la vereda Naín, de Tierralta (Córdoba), en la cual fueron ejecutadas 11 personas y
una más quedó herida, ocasionando el desplazamiento forzado de muchos pobladores. También reporta otra
masacre el 21 de septiembre de 2000 en zona rural de Tierralta, en la cual fueron ejecutados 9 campesinos y
para cuya ejecución los paramilitares fueron apoyados por helicópteros artillados suministrados por el
Batallón Arhuacos, del Ejército. También reporta un combate entre Ejército y Guerrilla el 21 de septiembre,
en el cual habrían muerto 6 guerrilleros. También reporta un ataque de paramilitares apoyados por
helicópeteros, al poblado indígena de Widó, en Tierralta (Córdoba), el 16 de septiembre de 2000, en la cual
fueron asesinados tres indígenas y otros 22 fueron desaparecidos.
21
ellas frecuentadas por Carlos Castaño. La Policía y el Ejército, de acuerdo con su
testimonio, solo “pasan” por allí y conversan mucho con los paramilitares, pero no
tienen bases permanentes en los caseríos de Necoclí.
17. La tendencia a solucionar todo problema mediante acciones delictivas,
parece más arraigada de lo que uno pueda imaginarse en la personalidad del ex
General DEL RÍO. En efecto, cuando las investigaciones penales sobre su conducta
parecían estar avanzando en la Fiscalía, recurrió a montajes contra personalidades
del mundo sindical, de la izquierda política y del movimiento por la paz, para
acusarlas de ser las instigadoras de las denuncias contra él, para lo cual se habrían
servido de métodos inconfesables.
Así fue como en octubre de 1998 consiguió que dos trabajadores que habían estado
vinculados a la campaña presidencial del ex General Harold Bedoya Pizarro y a su
movimiento político “De Pié Colombia”, sobornaran, cada uno a una persona que
estuviera en grandes aprietos económicos, prometiéndoles recompensas si
declaraban en la Fiscalía que Hernando Hernández (Presidente de la Unión
Sindical Obrera), Ana Teresa Bernal (Presidenta de la Red Nacional de Iniciativas
por la Paz –REDEPAZ-) y Jaime Caicedo (Secretario del Partido Comunista de
Colombia) los habían presionado para que acusaran a los generales Rito Alejo Del
Río y Fernando Millán de ser patrocinadores de grupos paramilitares, y si lo
hacían, tendrían, fuera del pago en dinero, un asilo asegurado en un país
extranjero.
Los intermediarios del soborno, Luis García y Rubén Salazar, lograron que un
hombre y una mujer cayeran en la trampa. Los días 6 y 28 de agosto de 1998 la
Fiscalía registra dichas “denuncias”. El hombre fue llevado previamente a las
instalaciones de la XIII Brigada, cuyo Comandante era el General DEL RÍO, y allí
un Teniente Rojas le presentó a una supuesta abogada quien lo condujo a la
Fiscalía de la vecina localidad de Usaquén donde depuso su calumnia. La mujer
solo le firmó un papel en blanco a Rubén Salazar y éste completó por su cuenta los
trámites fraudulentos.
Cuando en abril de 1999 la revista CAMBIO publicó una entrevista al General
Millán, realizada por el periodista Plinio Apuleyo Mendoza -un periodista de larga
trayectoria en calumnias contra las ONGs de derechos humanos- en la cual
defendía la “inocencia” de los generales DEL RÍO y MILLÁN y aseguraba que las
22
acusaciones contra ellos se fundaban en montajes y sobornos de ONGs,
mencionando en particular a Ana Teresa Bernal, ésta acudió a la Fiscalía para que
investigara todo el montaje. Y en efecto, entre junio y julio de 1999 la Fiscalía logró
ubicar a los supuestos “declarantes” quienes confesaron plenamente el chantaje en
el que habían caído, presionados por sus apuros económicos. El hombre relató
cómo el General DEL RÍO lo había recibido en las instalaciones de la Brigada XIII
luego de su “declaración”; cómo lo había abrazado y agradecido, brindándole un
almuerzo en la Brigada y enviando a su chofer para que lo llevara a tomar un bus
de regreso a su casa.37 En ambos casos, las sumas ofrecidas por los sobornadores no
habían sido canceladas sino parcialmente.
18. Pero la disuasión de declarantes asumió contornos más trágicos en
septiembre de 2001, cuando la Investigadora Judicial II del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía se vio forzada a enviar un informe a su Director, el
General ® Ismael Trujillo Polanco, para hacerle saber que dos días antes se había
enterado de que había sido asesinado el ex Concejal de Apartadó JOSÉ DE JESÚS
GERMÁN, quien se disponía a rendir una declaración en la Fiscalía contra el
General DEL RÍO.38 La investigadora afirma que ella había evaluado en una
entrevista previa, tanto la importancia como la credibilidad del testigo, y había
llegado a la conclusión de que “era un testigo muy importante para la investigación que
se sigue contra el General –R- Rito Alejo del Río Rojas”.
El testigo había retardado su declaración porque en una entrevista con el Dr.
Eduardo Alejandro Meza Cadena, Coordinador de la Unidad de Fiscalías de
Derechos Humanos, éste le inspiró mucha desconfianza al no manifestar interés
alguno por su problema de seguridad. Curiosamente el Dr. Meza sería el primero
en enterarse, dentro de la Fiscalía, del asesinato del testigo.
En sus relatos previos a la Investigadora, el testigo aseguró tener pruebas de que el
General DEL RÍO había ordenado el homicidio de un compadre suyo en Apartadó
y dijo estar en capacidad de presentar testigos y aportar otros elementos sobre
masacres ocurridas en la región. La Investigadora evaluó que tales aportes
comprometían al General DEL RÍO y a otros militares, así como a personas civiles
37 El hombre sobornado rindió declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos el 23 de
junio de 1999, dentro de la investigación preliminar 502. La mujer lo hizo el 23 de julio de mismo año.
38 Informe No. 4579 FGN.CTI.GDH.C15 dirigido a Radicado 426 y 426ª - Ver también El Espectador,
edición del 16 de septiembre de 2001, pg. 5 A, y edición del 21 de octubre de 2001, pg. 9 A.
23
que colaboran con el paramilitarismo en la región. La víctima afirmó, además, que
estaba aún vivo, a pesar de ser militante y haber sido Concejal por la Unión
Patriótica, gracias a que se presentaba públicamente como “comerciante” y no
como miembro de la U.P.
19. Todo esto muestra que la “investigación penal” contra el General DEL RÍO
se convirtió en un campo de alto riesgo para quienes en ella intervenían. El
Informe sobre Colombia hecho público en noviembre de 2002 por la organización
internacional Human Rights Watch, afirma:
· “En las semanas posteriores a las críticas públicas de Osorio (Fiscal General de la
Nación desde el 31 de julio de 2001) a la actuación de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos en el caso DEL RÍO, por ejemplo, se desencadenó una campaña
de persecución a los funcionarios judiciales que habían trabajado en el caso. Dos
investigadores recibieron invitaciones a sus funerales, lo que provocó su huida del
país. Los fiscales que firmaron la orden de detención contra el General DEL RÍO
también salieron de Colombia tras recibir amenazas. Los dos funcionarios forzados a
renunciar a su puesto por el Fiscal General Osorio, Pedro Díaz (Jefe de la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía) y Pablo Elías González (Vice-Fiscal General de la
Nación) también salieron del país por temor a su seguridad” 39
20 . El documento audio-visual ampliamente divulgado por la familia del
General Jaime Humberto Uscátegui, procesado por la masacre de Mapiripán, Meta
[julio 15 a 20 de 1997], que lleva por título “¿POR QUÉ LLORÓ EL GENERAL?”,
recoge el siguiente testimonio del Señor PEDRO JUAN MORENO VILLA, quien
fuera Secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación del Dr. Álvaro
Uribe Vélez:
· “Unos días antes de marzo 8 del 2000, recibí una llamada de la Señora Fanny
Kertzman. Me dijo que en marzo 8 iba para Medellín y subí por ella al aeropuerto
José María Córdova en horas de la mañana. Y en el camino me dijo estas palabras,
me dijo: “Vea Pedro Juan, yo quería venir aquí a contarle lo siguiente: anoche estuve
cenando con el Coronel Gallego y él le mandó decir a usted que no lo joda más, que
39 Cfr. Informe “UN GIRO ERRÓNEO”, emitido por Human Rights Watch en noviembre de 2002, (Internet:
www. hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erróneo.html) (pag. 4)
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si quiere guerra, hay guerra.” Le dije que listo, que a mí me gustaba mucho la
guerra. Y me dijo: “Ah … es que el Coronel Gallego fue invitado a participar en la
operación de Mapiripán y que él sabe todo, entonces la cosa es muy sencilla Pedro
Juan, o usted se queda callado, o él se caga en el ejército”. Y le dije: perdone Fanny,
ese chantaje me gusta poquito, para decirle la verdad. Pero es que el ejército no es
mío, ni pienso comprarlo; si quiere cagarse en el ejército, que se cague, si el ejército
está metido en ese problema. Ella se quedó un poco desconcertada con la respuesta
mía y me dijo: “Pero ¿no ve que usted va a dejar entonces que los amigos suyos, el
General Rito Alejo Del Río, vaya a quedar inmerso en todos esos procesos por las
declaraciones que pueda dar Gallego?”. Y le dije, pues hombre, yo tengo unos nexos
de amistad de tiempo atrás con el General Del Río, pero Fanny, si él está metido en
eso, tendrá que responder a la justicia. Y a eso de las 5 ó 6 de la tarde llegamos a la
casa, a la residencia del Doctor Álvaro Uribe Vélez. Uribe manifestó su cara de
extrañeza y dijo: “Fanny mija (como dice él), el asunto es grave, dígale al Coronel
Gallego que si él está, que si él conoce todas esas cosas, está en la obligación de poner
eso en manos de la justicia.”
Más adelante en el video, un funcionario judicial interroga al Coronel Leonardo
Gallego así:
· “Se le pone de presente y se le da lectura a la denuncia presentada por el Señor
Pedro Juan Moreno Villa, con relación a los hechos de Mapiripán. Informe a esta
audiencia si tiene información en el sentido que el ejército de Colombia, el ejército
americano, la fuerza aérea colombiana y el General Rito Alejo Del Río estaban
comprometidos en algún suceso respecto a la masacre de Mapiripán. La denuncia es
del 17 de mayo de 2000.”
El Coronel Gallego responde:
· “Rechazo esas afirmaciones, nunca he tenido conocimiento al respecto, no conozco
pormenores, ni privadamente ni públicamente he manifestado nada haciendo esas
menciones que aparecen ahí”.
Más adelante en el video, se reanuda la intervención del Señor Pedro Juan Moreno
en estos téminos:
· “Mientras esto sucedía, recibí una llamada de la Señora Kertzman y me dice:
“Pedro Juan, usted la embarró, ¿cómo hace esas cosas?, mire el escándalo que usted
va a hacer, pues sepa que si a mí me citan, lo niego todo y me voy a vengar de
usted”. Después la Señora Kertzman llamó al Doctor Uribe y Uribe me llamó a mí y
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me dijo: “Hombre Pedro Juan, bájele vapor a esas cosas”. Uribe me pidió que le
bajara vapor a eso, y le dije: “pues hombre Uribe, ya las cosas están en conocimiento
de la Ley, porque esa es mi obligación, y yo no estoy ni poniendo vapor a eso ni
quitando vapor, las cosas fueron así y así se quedan”.
Luego, en el video, el General Uscátegui interroga al testigo Pedro Juan Moreno en
estos términos:
· “El 15 de noviembre de 2004, la Doctora Fanny Kertzman Yankelovich rindió
declaración ante el Consulado de Atlanta en los Estados Unidos en relación a los
hechos que usted denunció en la que manifestó textualmente: “No tengo presente
que se haya realizado esa conversación, ni tengo presente el contenido de dicha
conversación”. Doctor Pedro Juan Moreno Villa: ¿qué tiene para decir con relación
a lo manifestado por la Doctora Fanny Kertzman?
El Señor Pedro Juan Moreno responde:
· “¿Qué tengo que decirle, mi General?, que es una mentirosa de aquí a Cafarnaún,
¿qué más le voy a decir? Si ya no se acuerda de haber ido a hablar con Uribe allá, o
está muy vieja y tiene alzhaimer, o está diciendo mentiras, porque los hechos se
dieron como yo los cuento, y si no, me gustaría mucho, Señor Juez, que llamara al
Señor Presidente Uribe, o le hiciera llegar la correspondiente comunicación del
despacho con el propósito que diga si eso se dio o no se dio, porque yo sé que Uribe
tiene sus raticos de amnesia pero yo creo que de esta reunión sí se acuerda”.
Luego se aprecia en el video la intervención del Juez en estos términos:
· El Doctor Álvaro Uribe Vélez el 29 de enero de 2001 y ante la Procuraduría General
de la Nación confirmó que la conversación sí se sostuvo al declarar: “La Doctora
Fanny Kertzman sí habló de la razón del Coronel”.
Luego en el video se aprecian testimonios de militares quienes confirman que los
aviones en que se desplazaron los paramilitares que perpetraron la masacre de
Mapiripán sí salieron de Urabá y que dichos aeropuertos estaban custodiados por
el ejército. El mismo General Uscátegui confirma que el Comandante en ese
entonces de la Brigada XVII era el General Rito Alejo Del Río. Más adelante en el
video, el piloto del DC-3, JUAN MANUEL ORTIZ MATAMOROS, afirma:
· “Allí aterrizamos … quiero señalar que en la pista, como es usual en ese lugar,
había personal del ejército y de la Policía Antinarcóticos, pues allí funciona la más
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grande Base Antinarcóticos del país, Entre los miembros de la fuerza pública que
custodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la Base Antinarcóticos
dirigidos desde Bogotá por el entonces Coronel Leonardo Gallego”.
El 24 de febrero de 2006, en un accidente aéreo ocurrido entre los municipios de
Dabeiba y Mutatá (Antioquia), perdió la vida el Señor PEDRO JUAN MORENO
VILLA. Las investigaciones superficiales que se hicieron sobre el accidente dejaron
muchas dudas en la sociedad y en la misma familia de la víctima e incentivó ciertas
hipótesis sobre un posible atentado, sobre todo porque eran de dominio público
los enfrentamientos entre la víctima y el Presidente Uribe, luego de haber sido en
extremo cercanos. En un reportaje hecho al Señor Pedro Juan Moreno por la revista
Semana (edición del 29 de agosto de 2005, pg. 42-43) revela que se distanció del Dr.
Uribe desde su acceso a la Presidencia, pues se acercó a personajes que no le
merecían confianza y que además creyó que su compañía no le era conveniente a
Uribe, pues le dijo: “¿Vos con esa fama de paraco y otro paraco ahí metido? ¡Quedamos
jodidos! Dos paracos no riman. Mejor me quedo en la sombra”; pero que la distancia se
ahondó por investigaciones que hizo el Señor Moreno y publicó en su revista La
Otra Verdad, en las cuales comprobó la corrupción de 7 altos funcionarios del
Gobierno Uribe y muy cercanos al Presidente quienes tuvieron que abandonar sus
cargos por el escándalo producido. Por su parte el Presidente Uribe afirmó en una
entrevista a la W-Radio el 10 de abril de 2006 “El día que ya Pedro Juan empezó a
convertirse en el gran acusador del Gobierno Nacional, ya ese día para algunos sectores de
los medios nacionales dejó de ser villano y pasó a ser héroe”. Pero la versión del atentado
tomó fuerza cuando el 1° de noviembre de 2007 fue encontrado en el hangar del
aeropuerto Olaya Herrera de Medellín el cadáver de NANCY ESTHER ZAPATA
OROZCO, de 45 años, quien llevaba 20 trabajando en un almacén de repuestos de
avión del mismo aeropuerto. El 29 de diciembre de 2007 el periodista sueco Dick
Emanuelsson publicó por internet una recopilación de datos dispersos en muchos
medios de prensa donde se revela que la víctima, una mujer íntegra y de
profundas prácticas religiosas, había acudido a grupos de derechos humanos para
pedirles le ayudaran a abandonar el país, pues se sentía amenazada simplemente
por conocer lo que ocurría en un aeropuerto controlado por reconocidos
narcotraficantes paramilitares donde la fuerza pública callaba y colaboraba con los
criminales. En la transcripción de su último mensaje, a la vez que se revelaban los
móviles de su asesinato, se arrojaban luces para comprender los móviles del
“accidente” en que perdió la vida el Señor Pedro Juan Moreno: “los oí hablar de ese
Señor Pedro Juan Moreno que te dije que se le cayó el helicóptero porque aquí le quitaron el
repuesto y no sé si el Presi Uribe dio la orden pero sí sabía y Don Berna también”. Sobre
su cadáver apareció un letrero en cartón que decía: “aquí no se permiten sapas”.
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En la entrevista que concedió al diario El Tiempo el General Jaime Humberto
Uscátegui, cuando el Juez 9° Especializado de Bogotá le otorgó la libertad luego de
8 años de reclusión por la masacre de Mapiripán, afirmó: “Los paramilitares, a plena
luz del día, estuvieron uniformados y armados en los aeropuertos de Necoclí y Carepa, que
estaban bajo la custodia de la Brigada 17. El general Del Río deberá aclarar esta situación y
demostrar si es inocente o no. Además, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo era el oficial
de Inteligencia de la Brigada 17, pertenecía al Estado Mayor y era el hombre de confianza
del general Del Río. Este oficial huye de la justicia y ha sido mencionado por Salvatore
Mancuso como uno de los militares que le colaboraron en Urabá” (El Tiempo, 30 de
noviembre de 2007, pg. 1-6)
21. En una de las sesiones en que rindió versión libre ante la Unidad de
Fiscalía de Justicia y Paz el paramilitar EVER VELOZA, alias ‘HH’, comandante
paramilitar del Bloque Bananero, entre otros, que ha operado en la región de
Urabá, el 30 de octubre de 2007, reconoció haber asesinado a entre 1.200 y 1.500
personas, en cuatro municipios del Urabá antioqueño (Apartadó, Carepa, Turbo y
Chigorodó), entre 1995 y 1996. El diario El Colombiano, de Medellín, en su edición
del 31 de octubre de 2007, pg. 10 A, recogió datos de su versión así: “para cometer
los homicidios masivos y algunos selectivos de personas señaladas de ser guerrilleros o
auxiliares de la subversión, el grupo salía desde una zona en Turbo con destino a los cascos
urbanos o veredas en busca de sus víctimas. En algunas de estas incursiones, indicó HH,
hubo hasta 20 muertos. Entre estas incursiones, la mayoría de ellas nocturnas, Veloza
García recordó una en que fueron asesinadas 12 personas en lo que el desmovilizado
denominó “un entrenamiento” (…) La versión libre sirvió para que el ex jefe de
autodefensas señalara que para su accionar en Urabá contaron con la omisión del Ejército y
la Policía, y que se movilizaban con tranquilidad por la región. Agregó que cuando las
muertes empezaron a ser notorias, comandantes del Ejército le pidieron que desaparecieran
los cuerpos. La solución, entonces, fueron las fosas comunes. En este aparte mencionó como
colaboradores al general Rito Alejo Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII y al
capitán para esa época, Byron Carvajal, hoy enjuiciado por el caso de los policías
antinarcóticos muertos en Jamundí. Sobre Carvajal, Veloza García indicó que el oficial lo
amenazó de muerte si revelaba sus nexos con las autodefensas. “Me mandó el mensaje que
me callara, que las cárceles eran manejadas por ex militares y él me podía hacer la vida
imposible o matarme””.
En la entrevista que concedió a la revista SEMANA y que apareció en su edición
del 6 de agosto de 2007, Ever Veloza responde así a varias preguntas:
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- Semana: ¿Usted realizó masacres y otro tipo de acciones con la colaboración de
miembros de la Fuerza Pública en la zona de Urabá?
- Ever Veloza: “Hubo estrecha relación con Ejército y Policía. Si no hubiera existido
colaboración y coordinación con la Fuerza Pública, habría sido imposible lograr lo que se
hizo, porque eso era total dominio de las Farc y del EPL.”-
- Semana: Cuando usted llegó a la zona de Urabá al frente del bloque, ¿quién era
el comandante militar en la zona? -
- Ever Veloza: “El general Rito Alejo del Río”.
- Semana: De 1 a 10, siendo 10 el máximo de colaboración, ¿cómo califica la
ayuda que las autofefensas recibieron del general Del Río, por ejemplo? -
- Ever Veloza: “En ese entonces, en Urabá fue donde comenzamos la guerra. De Del Río y
de toda la Fuerza Pública yo creo que puedo calificar la colaboración con un 10”. –
- Semana: ¿Cómo funcionaba esa relación? –
- Ever Veloza: “Mediante operaciones conjuntas, coordinaciones e información que nos
proporcionaban. En algunas ocasiones miembros de la Fuerza Pública nos daban las listas
de gente para que nosotros los ejecutáramos. En ese momento ellos lo hacían por desespero
del yugo de la guerrilla y del desespero de la impotencia de ellos para operar legalmente con
la Constitución porque les era imposible combatirlos. Con el Ejército fuimos a combate
muchas veces, pero por ahora no voy a mencionar más nombres”.
- Semana: ¿Usted va a optar por la estrategia a la que han acudido otros jefes de
las AUC que mencionan como colaboradores a militares que ya están muertos? –
- Ever Veloza: “No. Voy a contar todo. Pero por ejemplo, por dar un nombre, uno de los
que más nos ayudaron fue el Coronel Carvajal que está detenido en Cali. Él era capitán,
patrulló conmigo y con mi tropa y no una sola vez, sino cantidad de veces, y combatimos la
guerrilla juntos, hicimos operaciones juntos. Lo de Carvajal fue en el 95.” […]
Semana: Para ese momento usted ya estaba buscado por la justicia y era
plenamente reconocido como jefe paramilitar de la zona. ¿Cómo le planteó la
colaboración? –
- Ever Veloza: “En la zona todo el mundo sabía que yo era el comandante del Bloque.
Carvajal lo que me dijo es que él quería operar conmigo para que no fuéramos a tener
problemas ambos en la zona” -
Semana: ¿Cómo coordinaban?
- Ever Veloza: “Directamente él y yo o subalternos míos coordinaban con él también. Yo
entraba a la brigada o yo iba a donde él estaba.” –
Semana: ¿Cuántas ‘operaciones’ hizo usted con Carvajal? –
- Ever Veloza: “No tengo el número, pero fueron muchas y no sólo con Carvajal, sino con
otros miembros de la Fuerza Pública. Lo menciono como por dar un nombre concreto y
demostrar que yo no voy a hablar de muertos”.
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22. La revista Semana, en su edición del 5 de noviembre de 2007, recogió el
testimonio del ex Sargento EDWIN GUZMÁN, quien se vinculó a los paramilitares
que operaban en Urabá a mediados de los años 90 y que le reveló a dicho medio:
“A mi general Rito Alejo Del Río lo llaman ‘el papá de las autodefensas’ porque fue quien
empezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época los
paracos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso a dos
contraguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en el
helipuerto de la Brigada”.
23. El 15 de mayo de 2007, el reconocido líder paramilitar SALVATORE
MANCUSO rindió su quinta versión libre ante la Unidad de Fiscalía de Justicia y
Paz. Muchos medios de comunicación tanto impresos como audiovisuales
destacaron sus confesiones relativas a la estrecha unidad de acción entre los
paramilitares y la Fuerza Pública e incluso los contactos y simpatías demostradas a
los paramilitares en encuentros por altos funcionarios del Gobierno Uribe, como el
mismo Vicepresidente y el Ministro de la Defensa. El Diario El Nuevo Siglo, en su
edición del 16 de mayo de 2007 reseñó así apartes de esa versión: “En la mañana, el
sometido a la Ley de Justicia y Paz, señaló a los ex generales Rito Alejo del Río, Martín
Orlando Carreño, Iván Ramírez y Alfonso Manosalva (fallecido), así como a otros siete
militares de menos rango, como auspiciadores de las Autodefensas. Durante su versión
libre, Mancuso dijo que el hoy ex general Del Río suministraba información de lugares en
donde podían operar los paramilitares. Comentó además que entre 1996 y 1997 se reunión
con el general Rito Alejo del Río en la finca la 21, en San Pedro de Urabá y dijo que en el
encuentro estuvieron Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, en donde se
habló del tema de la expansión paramilitar en el Urabá. Explicó que el alto oficial iba en un
helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Añadió que la operación de los
militares y paramilitares se hizo conjuntamente desde diciembre de 1994 cuando en Urrá,
Córdoba, fueron secuestrados dos ciudadanos suecos. Según indicó, la brigada 17 y los
hombres de Mancuso liberaron a los secuestrados. La acción paramilitar delatada por
Mancuso, vincula dos brigadas del Ejército: la 17 y la 11. Según sus palabras en la brigada
de Montería, él fue uno más en la unidad militar hasta el día en que se expidió la primera
orden de captura en su contra en 1997. De la misma manera, comentó que sus hombres (los
paramilitares) patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un
general del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso
Manosalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces”.
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Por su parte, el diario El Tiempo, divulgó así los elementos más llamativos de la
quinta versión libre de Mancuso, en su edición del 16 de mayo de 2007, pg. 1-2:“fue
del general Del Río, calificado por algunos irónicamente como el pacificador de Urabá, de
quien más habló. Mancuso afirmó que fue el artífice de la expansión ‘para’ en esa región y
que asistió a dos reuniones con él, Carlos Castaño (jefe de las Auc ya muerto) y ‘El Alemán’
(desmovilizado): “una en Tolová (Tierralta- Córdoba) y otra en la finca ‘La 21’, en San
Pedro de Urabá. “(Al segundo encuentro) El general llegó en un helicóptero civil, pero
estaba uniformado”, declaró Mancuso. Y sobre Carreño, quien sucedió a Del Río en la
Brigada 17 de Carepa y llegó a ser comandante del Ejército, aseguró que con base en mapas
que él le enviaba ordenaba patrullajes conjuntos de sus soldados con los paramilitares. Los
nombres de los militares salieron al aire temprano en medio de la quinta versión libre del ex
jefe paramilitar”.
Javier Giraldo Moreno, S.J.
Colombia, septiembre 9 2008
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